
Ya es conocida nuestra férrea defensa de la educación pública y de calidad (no entendemos una sin la otra) por ser el instrumento, casi el único, de poder garantizar una mínima igualdad de oportunidades y para que el bolsillo no sea un factor extra de diferenciación que condene al talento y minusvalore los méritos que cada persona con su esfuerzo y dedicación puede labrarse. Obviamente, este planteamiento casa bien poco con esta acción gubernamental, más aún cuando es de sobra conocida la necesidad que hay en el barrio de un tercer colegio público y de un instituto público. Así nos lo han manifestado por unanimidad la comunidad educativa y el tejido social del propio barrio.
La defensa de la libertad de elección y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos es uno de los pilares de nuestra constitución (artículo 27), del mismo modo que ese derecho se convierte en un deber, uno de los más importantes, del Estado: el garantizar una educación pública (de pata negra, no en fraude de ley), de calidad, no dogmática ni doctrinaria, inspirada en los principios constitucionales y en los valores universales que descansan en la propia dignidad humana.
Cuando ese deber de los poderes del Estado (léase Comunidad Autónoma) se haya cumplido, cosa que no puede decirse en el barrio de Arroyo Culebro y ahí está el tercer colegio público y el instituto público pendientes para recordárnoslo, podrán las administraciones estar legitimadas para otro tipo de acciones.
En todo caso, ULEG siempre se opondrá a que en suelo público se impulse, favorezca o ampare la puesta en marcha de iniciativas educativas que lleven aparejadas el ánimo de lucro o el concepto de "negocio". Y eso de centros educativos sostenidos con fondos públicos, el eufemismo utilizado por el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid para camuflar lo que son en realidad centros concertados, no deja de ser eso: un negocio.