El golpe a la democracia en los ayuntamientos podría retrasarse un año

La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supuso un golpe injustificado y brutal a los ayuntamientos y a las democracias locales (amén de otras consideraciones que implican la privatización encubierta de múltiples servicios públicos). Los Consistorios son los patitos feos de las administraciones territoriales y así quedó acreditado en la Ley, tanto en lo que se refiere a sus competencias, a la financiación de las mismas, la forma de prestar los servicios, la organización interna o institucional de los propios ayuntamientos... Caciques de toda España que son incapaces de gobernar sin imponer, que desconocen la palabra consenso, democracia, diálogo..., además se frotaban las manos con una de las regulaciones que traía la norma. En esencia, a través de una de sus disposiciones adicionales se daba vía libre a que las Juntas de Gobierno (donde sólo están el alcalde y los ediles nombrados por él mismo , órgano no sujeto a criterios de representatividad o proporcionalidad política) aprueben los presupuestos municipales que estimen oportunos sin necesidad del visto bueno del Pleno. Mejor dicho, la votación en contra por parte del pleno a los presupuestos es precisamente la llave que abre la puerta a sistema tan "democrático".

Como se podrán imaginar, el alcalde de Leganés, Jesús Gómez Ruiz, estaba eufórico por esta disposición. Le venía al pelo para su particular idiosincrasia política y vena autoritaria. Así ya se jactaba de anunciarlo a diestro y siniestro. Esta norma era el "bálsamo de fierabrás" de todos sus males (directores generales y el vía crucis del "caso Nóminas, las dedicaciones exclusivas de los ediles, sus proyectos faraónicos...), sin darse cuenta de que su principal mal y enemigo es él mismo. Pues bien, la interpretación de la norma, que es chapucera hasta grado sumo y que santifica todo tipo de anomalías, está generando múltiples quebraderos de cabeza a secretarios, interventores, tesoreros, gobernantes..., porque la literalidad de la ley no admite muchas dudas: esto de aprobar los presupuesto por "decreto" gubernamental debería esperar a 2015. Así lo expresan expertos jurídicos en la materia (les dejo interesantísimo enlace) y en breve todo apunta a que habrá un pronunciamiento oficial.

En ULEG nos gusta ser prudentes y estamos a la expectativa de lo que finalmente se determine, aunque la ley es clara. Pero a diferencia del primer edil no nos gusta jugar a ser jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores de la propiedad, peritos, arquitectos, economistas, periodistas..., e incluso fontaneros. Todo al mismo tiempo y con la máxima excelencia. Ya veremos cómo acaba todo, pero no me negarán que 2014 no está siendo nada positivo para el PP en ningún sitio, y me temo que en Leganés mucho menos todavía.