El alcalde "socialista" Santiago Llorente es un violador de derechos fundamentales. La Justicia dictó sentencia en favor de ULEG.

La Justicia es el único bote salvavidas al que podemos agarrarnos aquellos que creemos en el Estado de Derecho y en fórmulas de arreglo de conflictos y controversias que no estén basadas en la autotutela. Y esa Justicia es la que ha hablado alto y claro en aquello que venimos denunciando desde prácticamente el principio del mandato del alcalde "socialista" Santiago Llorente: opacidad informativa, boicot a la labor de los ediles de ULEG, comportamientos autoritarios, despóticos, nula transparencia y voluntad constructiva...

Precisamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la unanimidad de 5 magistrados del órgano supremo jurisdiccional de la Comunidad de Madrid, no puede ser más demoledora, ni más pedagógica e ilustrativa en esto que hemos estado en solitario protestando como principal, en realidad único, partido de la Oposición. Y  nos da la razón. Aquí pueden verla. Ya anticipamos que vendrán más.

Es un poder del Estado que está al margen (mientras lo dejan) de las diatribas políticas y partidarias quien ha propinado un duro revés al gobierno de Llorente y, por ende, a todos los demás que callan, tapan y pastelean con él. Sí, esos partidos de "la gente", o de la "responsabilidad" que sólo hablan de derechos humanos en Venezuela, en Irán, en Corea o en Cataluña, pero les importa un pepino cuando esos derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales son violados por el máximo mandatario del municipio. Mucho jurar la constitución con una mano, para luego darle puñetazos con la otra. Son sus incoherencias y contradicciones, tan grandes que no entran ni en el chalé más lujoso de Galapagar. Pero también sus miserias internas y personales: difícilmente pueden hablar de derechos fundamentales aquellos que en la pasada legislatura ya los pisotearon a ULEG, con el alcalde Jesús Gómez a la cabeza, o aquellos que los machacan en esta a través de asambleas ilegales con decisiones encaminadas a purgar al disidente como en los regímenes que tanto defienden.

La sentencia que obligaría a cualquier dirigente a dimitir y a su organización a pedir la dimisión o su cese, además desnuda a uno de los personajes políticos más siniestros que me he encontrado en mi vida, el "señor" Francisco Javier Márquez Ortiz, conocido como el Bartolín pepinero, individuo que es capaz de inventarse agresiones (el 19 de julio la Justicia le dejará en el más absoluto ridículo) y de, como dice la resolución judicial , aportar como director general de Sostenibilidad un informe carente de prueba alguna para justificar su negativa durante 8 meses a poder acceder a una información en una materia de obras y urbanismo. Así es este sujeto, un fabulador, un fabricador de pruebas falsas o inexistentes. El tiempo, el único juez inapelable que da y quita razones, le suministrará la medicina que su viles y mezquinas acciones merecen, dada su falta de conciencia.

Y precisamente la conciencia de ULEG no puede estar más tranquila, más orgullosa, más fortalecida porque se ve ratificada en su labor en pro del interés general, de levantar las alfombras cochambrosas de un ayuntamiento manejado como un cortijo más de 40 años por el PSOE y el acomplejado y socio de chanchulleos PP. Son lo mismo (y este vídeo es una muestra), mientras nosotros somos un espejo que les recuerda diariamente lo muy distintos que somos a ellos. El pueblo de Leganés poco a poco va premiando a ULEG con unos frutos electorales que son consecuencia de un trabajo riguroso, diario, serio, no sectario y que no vive ni de las modas, ni de los puntuales caprichos de la muchedumbre, ni del poder mediático y financiero que impulsan a determinadas formaciones "ciudadanas". Así seguiremos. Sin etiquetas ni hipotecas de ningún tipo, sólo sometidos al imperio del bien común. El vecino es nuestro único jefe.